La DGA reclama en los juzgados la extinción de los derechos de reversión del suelo de la Expo

Zaragoza 03 Marzo 2022

La sociedad pública Zaragoza Expo Empresarial, controlada por la DGA con el 97,85% de las acciones, ha recurrido a los tribunales para lograr la extinción de los derechos de reversión que tienen los expropietarios de Ranillas que vendieron los suelos para la celebración del evento.

Fuentes oficiales del Ejecutivo aragonés indican que los servicios jurídicos han presentado 29 de las 102 demandas previstas sobre la totalidad de las parcelas originales. Esto paso lo han dado después de que el registro de la propiedad se negara a levantar las cargas, como se solicitó desde la Administración, sin contar con un aval judicial. Hasta el momento, ocho antiguos titulares de las fincas se han allanado y renunciado a su derecho y otros tantos lo han hecho de forma parcial, dado que hay varios herederos en varias de ellas y aún no se deben contar con su totalidad.

Por el momento, solo uno de los afectados se ha opuesto y defiende en uno de los juzgados que acumulan estas causas su derecho a poder ejercer la cláusula de reversión, establecida en los contratos de opción de compra firmados en julio de 2004.

La cláusula era muy clara y establecía el derecho por parte de los vendedores y sus descendientes de recuperar los terrenos «si en el futuro se permitiera total o parcialmente un uso residencial; es decir, de construcción o edificación de viviendas, individuales, colectivas o de cualquier otra naturaleza».

El ejercicio de este derecho se podrá ejercitar en el plazo de cuatro años contados «desde que el Plan General de Ordenación Urbana o cualquier norma futura» permitiera destinar los terrenos a uso residencial.

Esta cuestión es clave para la operación de los 270 pisos de alquiler anunciados en Ranillas, que el Ejecutivo define ahora de «residencia y equipamiento social» en los pliegos para la licitación del proyecto y la dirección de obra. Con esta calificación pretende blindarse ante cualquier expropietario de los suelos que hipotéticamente aún pudiera ejercer el derecho de reversión, ya que la residencia colectiva es en la actualidad un uso compatible.

En el Ejecutivo autonómico aclaran que el proceso para levantar las cargas registrales se inició hace dos años ante los requerimientos de la Abogacía del Estado a la hora de adquirir oficinas para varios organismos. Y lo mismo ocurrió con unas plazas de garaje para la Policía Nacional, dado que se aducía que al ser sector público no se podían comprar propiedades condicionadas. «A partir de ahí, y desde luego sin tener en mente el proyecto de alojamientos para jóvenes, se determinó iniciar gestiones para levantar las cargas registrales de retracto para toda la Expo», añaden.

Fuente: Heraldo.es